Las Autoridades y Comunidades indígenas Senú y Embera de la subregión del Bajo Cauca, del departamento de Antioquia, en uso de sus facultades conferidas por la Ley de origen y el Derecho Mayor, en aplicación del pluralismo jurídico y los derechos reconocidos por la Constitución Política de la República de Colombia, los Acuerdos Internacionales y convocando la fuerza de la energía y la sabiduría de la Madre Naturaleza, aunada a los espíritus de nuestros ancestros, mediante este mandato de obligatorio cumplimiento.

CONSIDERAMOS

Que de acuerdo al desplazamiento interno surgido con ocasión del conflicto armado colombiano y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-025 de 2004, la cual declara el estado de cosas inconstitucional y se refiere específicamente al tema indígena por medio del Auto 004 de 2009, revela el riesgo de extinción que corren actualmente la mayoría de pueblos indígenas, entre los que se encuentran el pueblo Senú y el pueblo Embera.

Así mismo, por medio del Auto 092 de 2008, declaró la protección de los derechos fundamentales de las mujeres indígenas víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado y del Auto 237 de 2008 al tema del incumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 092 de 2008 para proteger los derechos fundamentales de las mujeres en desarrollo de la sentencia T-025 de 2004.

Que en el año 2016 el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, firmaron el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, estableciéndose el nuevo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, donde se logró incorporar la propuesta de los Pueblos Indígenas con la creación del Capítulo Étnico, obteniendo  la inclusión del enfoque étnico territorial en los Acuerdos.

No obstante dichos acuerdos, el informe de vulneración de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en contra de los pueblos indígenas de marzo de 2017, manifiesta que: En relación con el post conflicto y la desmovilización de las FARC – EP, se alerta al gobierno nacional en torno a la reparamilitarización en los territorios, denunciándose principalmente el accionar de actores narco paramilitares (Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC, Rastrojos y Urabeños); con especial énfasis en las zonas en las que había presencia primordialmente de dicho grupo subversivo”.

En este mismo sentido, y de acuerdo al informe de riesgo No 010-17 A.I de la Defensoría del Pueblo, con fecha del 30 de Marzo de 2017, señala que dada la salida de las FARC EP de los territorios donde permanecieron históricamente y donde se consolidó como única autoridad reguladora, en la actualidad se presenta una ausencia total de control, situación ésta, que ha facilitado el ingreso de grupos armados como el ELN, las mismas disidencias de las FARC y las AGC, lo que ha incrementado la delincuencia común, los homicidios selectivos, las amenazas y los desplazamientos forzados, generando la afectación de los procesos político organizativos de las comunidades al limitar la participación de los integrantes de la comunidad y el desarrollo de los ejercidos de los lideres, entre otros.

Así las cosas, resulta imperativo que el gobierno nacional dé cuenta a los pueblos indígenas de  las respuestas, acciones, indicadores y programas implementados eficazmente en materia de garantía de derechos humanos, para determinar si existe un avance, estancamiento o retraso en la superación de dicho estado y en el goce efectivo de los derechos de la población indígena víctima en lo individual y colectivo, por lo cual

MANDATAMOS

PRIMERO: implementar todas las acciones pertinentes, por parte de las entidades competentes, para garantizar la no repetición de los hechos víctimizantes y  que se dé cumplimiento:

  • A los programas de garantía de los derechos de los pueblos indígenas.
  • A los planes de salvaguarda étnica, para cada uno de los Pueblos Senú y Embera.
  • A informar sobre las medidas adoptadas por la Fiscalía General de la Nación encaminadas a evitar la impunidad.

SEGUNDO: Solicitar a institucionalidad competente, informe a la Organización Indígena de Antioquia, sobre las acciones  implementadas mediante el Auto 092 de 2008 para las siguientes órdenes y su ámbito de aplicación en el Bajo Cauca antioqueño, para los Pueblos Indígenas Senú y Embera.

  • El Programa de Prevención del Impacto de Género Desproporcionado del Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado.
  • El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.
  • El Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Comunitaria contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.
  • El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas.
  • El Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas que son Jefes de Hogar, de Facilitación del Acceso a Oportunidades Laborales y Productivas y de Prevención de la Explotación Doméstica y Laboral de la Mujer Desplazada.
  • El Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres Desplazadas Mayores de 15 Años.
  • El Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra por las Mujeres Desplazadas.
  • El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazada.
  • El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Afrodescendientes Desplazadas.
  • El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia contra las Mujeres Desplazadas Líderes o que adquieren Visibilidad Pública por sus Labores de Promoción Social, Cívica o de los Derechos Humanos.
  • El Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres Desplazadas como Víctimas del Conflicto Armado a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la No Repetición.
  • El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas.
  • El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de Protección por las Mujeres Desplazadas.

TERCERO: Solicitar a las instituciones competentes de las acciones implementadas por el auto 237 del 19 de septiembre de 2008, y su ámbito de aplicación en el bajo cauca antioqueño, para los Pueblos Indígenas Senú y Embera.

CUARTO: Solicitar a la UARIV, a la URT y a la ANT, informe a la Organización Indígena de Antioquia -OIA- sobre los procesos y procedimientos de caracterización poblacional y territorial adelantados con las comunidades indígenas.

QUINTO:Exigir celeridad en el proceso de toma de declaraciones en el marco del Decreto 4633 de 2011 y en el traspaso desde la Ley 1448 de 2011, que permitan la inclusión de las comunidades indígenas y de sus miembros individualmente considerados que han sido víctimas del conflicto armado, para su inclusión en el registro único de víctimas y por ende en los procesos de reparación integral.

SEXTO: Exigir a la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, adelantar los procesos de registro de todas las comunidades indígenas de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, que no se encuentran registradas, lo anterior para la protección de los derechos colectivos.

SÉPTIMO: Exigir a la Agencia Nacional de Tierras -ANT- adelantar todos los procesos de titulación de la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas de la subregión del bajo cauca antioqueño.

OCTAVO: Exigir al Gobierno Nacional el inicio del proceso de desminado humanitario en los territorios indígenas Antioquia afectados por MAP, MUSE y AEI.

NOVENO:Exigiral Gobierno Nacional en el marco de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, que la legislación expedida en materia de justicia transicional y la nueva institucionalidad, cuenten con un real y efectivo enfoque diferencial para los Pueblos Indígenas.

DÉCIMO: Rechazar  toda  iniciativa  de reglamentación  del  derecho  a la consulta y  el consentimiento  previo,   libre e  informado  adelantada por el gobierno nacional, la cual va en contra de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas y los estándares  internacionales   sobre  derechos humanos.

DÉCIMO PRIMERO: Denunciar  el incumplimiento  del gobierno nacional en la garantía del derecho fundamental de consulta y consentimiento  previo, libre  e  informado  en  la  reglamentación del  Acuerdo  Final  a través del mecanismo de Fast Track.

DÉCIMO SEGUNDO: Exigir el pronto cumplimiento de lo aquí mandatado, dada la gravedad actual de las repeticiones de hechos víctimizantes y vulneración de los derechos humanos  de los Pueblos Indígenas Senú y Embera de la subregión del bajo cauca en el departamento de Antioquia.

Dado en la comunidad Indígena del Pando en el municipio de Caucasia a los 30 días del mes de agosto de 2017.

Refrendado por las autoridades, delegados y representantes de las comunidades indígenas.

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