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La OIA denuncia a la opinión pública nacional e internacional y todos los organismos de control el constante ataque a la población civil indígena, por parte de diversos grupos armados, en especial las FARC  y el Ejercito Nacional. Nos referimos al escalonamiento del conflicto en el norte del Cauca, en contra de las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al Estado colombiano a respetar la población civil, respetar el DIH, disposiciones que ha sido sistemáticamente desconocidas hasta ahora.

Manifestamos nuestra preocupación y solicitamos la solidaridad y veeduría nacional e internacional para que estos hechos sean esclarecidos y no se atribuya un nuevo falso positivo a nuestros hermanos del Cauca,  que se garantice la integridad física y espiritual de las  compañeras y compañeros que habitan el norte del Cauca.

Ahora cuando la olla se rebosa resulta fácil decir que la culpa del conflicto armado en el Cauca es de uno u otro actor, cuando la culpa es compartida por múltiples actores, culpa del gobierno estatal por su abandono y su poca o nula injerencia en asuntos estructurales de la región, por olvidar este departamento insignia de la diversidad étnica y cultural en donde confluye la gran mayoría de población indígena y negra, culpa de los actores armados que solo actúan conforme a sus intereses económicos, la guerrilla por la rentabilidad de los cultivos ilícitos, los paramilitares y las bacrim en favor de las multinacionales, la explotación minera y del propio Estado colombiano, y desde luego también culpa de las comunidades por aguantar tanto tiempo en medio del terror y el miedo.

Mientras tanto los medios de comunicación desinforman y generan coloniales sentimientos xenófobos, criminalizan y estigmatizan a la movilización social y van en contravía de nuestro estado social de derecho pluriétnico y multicultural.

Consideramos que la fuerza pública podría incrementar sus abusos y la persecución de nuestros hermanos, ante estos hechos nos solidarizamos por que no compartimos ninguna acción armada ni de fuerza para imponer cualquier idea que sea, esperamos se protejan los derechos de nuestros hermanos y se denuncien los hechos que los vulneren.

El gobierno Colombiano ha arreciado en su manipulación mediática, restando la verdadera dimensión del poder bélico y la presencia vigente de las FARC en el Cauca, así mismo ha desacreditado el papel de la guarda indígena, haciendo aparecer ante la opinión pública como cómplices de las FARC y en general a las comunidades indígenas como actores del narcotráfico, es decir tratando a nuestros hermanos como delincuentes y enemigos del Estado.

Es que las acciones del Estado Colombiano desconocen los motivos que generan el conflicto, y comienzan por el abandono histórico del Estado a las comunidades, y continúa con el apetito insaciable de diversos actores hacia la minería en donde confluyen transnacionales, FARC y Bacrim, así como el negocio del narcotráfico el cual nunca ha desaparecido e infortunadamente se ha desconocido el nexo cultural de la Coca con el pueblo indígena del Cauca.

La Presidencia de la República, sólo le apuesta a una salida belicista al conflicto, “pasando por encima” de la autonomía indígena, sacrificando vidas en la medida  que enfrenta al a aún poderoso grupo de las FARC, grupo que por otra parte, constantemente afecta la tranquilidad y armonía de las comunidades indígenas, ya que dicen oponerse a las transnacionales, pero fomentan la minería, la extorsión, el reclutamiento forzado ó engañoso de los menores indígenas.

La ruta de solución al conflicto, que no sólo agobia a los hermanos caucanos, sino que también afecta a los indígenas antioqueños, quienes hemos padecido la constante estigmatización y abuso de parte de los actores armados, pasa por exigir el respeto a los derechos humanos, los derechos fundamentales y el DIH.

Las exigencias de los indígenas del Norte del Cauca, tienen base en las disposiciones legales y constitucionales, y son legítimas, puesto que sus peticiones no están orientadas a separase del estado colombiano, No, por el contrario, la autonomía indígena como derecho constitucional es una herramienta de cooperación de los pueblos indígenas a través de acciones civiles que contribuyen en la construcción de la paz y la armonía del Estado colombiano.

En la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas que en su artículo 30, establece que NO se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado y en todo caso, los estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por  medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Censuramos el desconocimiento de la Directiva del Ministerio de Defensa Nº 16 del 30 de octubre de 2006, la cual ordena a los militares que “al ingresar a un territorio indígena, el Comandante tomará contacto con la autoridad indígena correspondiente, para informar de su presencia, salvo que la naturaleza de la operación no lo permita”.

Es por esto que apoyamos enfáticamente la RESISTENCIA CIVIL, la Autonomía Indígena, la Guarda Indígena y el respeto por el TERRITORIO, y ofrecemos toda nuestra solidaridad y respaldo a los hermanos indígenas del Cauca.

Ante las Políticas de Extermino, Resistencia y Vida

Comité Ejecutivo

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