eszh-CNenfrdeitjakoptru

X CONGRESO INDÍGENA DE ANTIOQUIA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ
Caucasia, 4 de diciembre de 2016

Vamos a leer las preguntas orientadoras, aprovechando la presencia de un compañero de la Defensoría podemos resolver otras preguntas más específicas. Se leen las preguntas orientadoras. Se acuerda la traducción a embera de estas preguntas.

Dora hace una introducción sobre La Política Volver a recorrer el camino y le da palabra a Carlos Zapata para que aclare los elementos técnicos de discusión en la comisión.

La OIA ha trabajado desde hace mucho tiempo el tema de los DDHH, con más fuerza a partir de 1995 cuando aparecieron los grupos paramilitares, Carlos ha estado en la OIA trabajando con el tema de DDHH.

Carlos expone que los DDHH han estado siempre en la historia de la OIA, los pueblos indígenas se organizaron para defender y exigir los derechos ancestrales sobre el territorio, el derecho a gobernar sus propias comunidades, los derechos a la cultura e identidad propia. Pero después de 1995, la cosa se complicó y tocó comenzar a exigir otros derechos, como a la vida, la integridad, a no ser desplazado, a la libertad. Más de 300 indígenas han sido asesinados y 1 de cada cuatro familias indígenas se han tenido que desplazar. Los pueblos indígenas de Antioquia han sido víctimas del conflicto armado.

Debido a su condición de víctimas las comunidades tienen derecho a que se les repare y se les proteja, para eso la Corte Constitucional dicto el auto 004 de 2009 y ahí se habla de los planes de salvaguarda, los embera ya tienen una propuesta escrita, los Guna Dule ya lo tienen protocolizado desde el 2013 - 2014, los senú están en construcción, pero es poco la implementación, la pregunta es qué hacer para que estas acciones se vuelvan realidad.

Se aclara que la ONIC no habla de 37 pueblos en vía de extinción, habla de los 102 porque se lleva 500 años de exterminio cultural y la Corte Constitucional también reconoció este asunto.

El embera se está acabando por circunstancias internas, como el mestizaje, los cambios culturales.

Eso se trata en educación aunque hay que tener que eso también son derechos humanos.

Nunca se han llegado a socializar los planes de salvaguarda en las comunidades, no se llega a la población y esto afecta que no haya apropiación del auto 004 en la base social, es necesario movilizar para exigir su cumplimiento, si toca hacer tomas, hay que hacerlas.

Pero no solo se trata de proteger, hay un daño que ya se ha hecho, hay un impacto que ha afectado de forma individual a las familias y han recibido atención por la Ley 1448 y algunas también indeminización individual por sus seres queridos, pero en materia colectiva es poco lo que se ha hecho. El Decreto 4633 habla de reparación colectiva y en eso solo se han realizado procesos en Los Almendros, El Noventa y Luis Cano.

En la comunidad de choromandó se está tomando la declaración colectiva, la Defensoría también ha alertado sobre Chontadural cañero porque 4000 has. La tiene una empresa minera y 2000 has. los colonos. Es importante que las comunidades se puedan reunir previamente para hacer memoria, para que las personas que vayan a hacer la declaración tengan todos los elementos. Es importante empezar a solicitar las Declaraciones. También se puede iniciar con Llano gordo, Dabeiba Viejo y El Pital, en Dabeiba, por el lado de Ituango San Román y Jaidukama, estos ya aparecen en la lista desde el nivel nacional, pero la idea es que con todas las comunidades víctimas hay que hacer este proceso.

El otro tema importante son los diálogos de paz. Si bien el movimiento indígena ha mostrado su acuerdo con los acuerdos de paz, lo que sigue es pensar cómo será la implementación. El conflicto ha afectado a los territorios y por eso la implementación debe hacerse con los indígenas. Hay temas complicados como el asunto de tierra, la participación política de ex integrantes de las FARC en las comunidades. Uno de los temas fuerte es el asunto de justicia transicional, si a los indígenas que están en las FARC se van a juzgar por la justicia transicional o por la jurisdicción propia.

Es un asunto muy difícil porque ni siquiera hay reglamentos internos que contemplen estas cosas. Hay ejercicios que ya se han hecho, en una visita de la ONIC a la Habana salió muchos homicidios que podrían ser imputables a asuntos en donde también han participado indígenas, muchas veces dando dedo. El caso de Murindó en donde de 23 homicidios 17 son atribuibles a las FARC y muchos por denuncias de los propios embera. Por eso es una situación compleja.
Este asunto ya lo hemos discutido en la Asamblea de Dabeiba y la idea es socializar lo que se ha definido en ese espacio.

Entonces, la protección de las comunidades con los planes de salvaguarda, la reparación con las declaraciones de sujetos colectivos víctimas, Decreto 4633, y la implementación de los acuerdos de paz y el papel y las apuestas del movimiento indígena son los ejes de discusión de esta comisión de DDHH y paz.

Discusión plenaria

¿Qué debe hacer la OIA y las comunidades para que se implementen los planes de salvaguarda?

Se hace un recuento histórico sobre cómo ha sido la construcción del plan de salvaguarda del pueblo embera, definieron construir un solo plan para el pueblo embera, a partir de 17 documentos regionales. Pero en el Dovio no se pusieron de acuerdo porque el Gobierno hablaba que todo lo que hacía era salvaguarda pero los indígenas no estuvieron de acuerdo. Volvieron a otra reunión con 31 instituciones, pero el Gobierno no respondió la demanda y siguió valorando hasta los torneos de fútbol, el otro asunto tiene que ver con la ejecución, como con el ICBF son programas que puede ejecutar la OIA pero imponen la misma lógica de contratación tradicional que excluye un enfoque diferencial. Por eso el documento integral no se ha protocolizado pero se está preparando un documento para la Corte para denunciar este hecho.

Con los Senú, el Gobierno va caminando con el que está de acuerdo y va dejando a tras a los que le hacen resistencia. Las comunidades senú de Antioquia no han participado suficientemente y ya hay muchos adelantos en la construcción de éste. El Plan de salvaguarda Tule está protocolizado desde el 2013 - 2014 pero hay quejas de la comunidad por los incumplimientos en la implementación.

Qué vamos a hacer para qué el gobierno cumpla con los planes de salvaguarda?

En las últimas mingas el plan de salvaguarda no ha sido un punto de la agenda y esto se debatía en el anterior Congreso de la ONIC.

Discusión:

El Gobierno no ha mostrado voluntad de cumplimiento con la implementación de los planes de salvaguarda, es importante que dentro de la agenda de la minga se incorpore esta reivindicación, porque ya después de 7 años hay una clara falta de voluntad del Gobierno con lo dispuesto por la Corte para las comunidades, teniendo en cuenta que la implementación era de 6 meses.

Es importante darle un doliente al interior del ejecutivo de la OIA para que impulse la implementación de los planes de salvaguarda y que con él se planeen las acciones más importantes, así sea una minga. Esa persona también tendría que hacer seguimiento permanente.

El Gobierno en un principio le dice que sí a todo, pero a la hora de la contratación pide requisitos que bloquean al embera, por eso se requiere presión más contundente. Esto puede ser una actividad para la propuesta de la consejería de DDHH.

Hacer el seguimiento a este decreto sería responsabilidad de la consejería de derechos humanos, pero que mantengan una posición que recoja a las zonas y no solo a los funcionarios, el consejero de DDHH debe ser el que acompañe los procesos de declaración colectiva en las comunidades. Que el equipo técnico haga un ejercicio que permita construir una verdadera memoria colectiva.

Se hace una aclaración sobre la ruta de reparación colectiva y la individual. Y hace la pregunta sobre la pertinencia de que la OIA como organización se declare como víctima. Se aclara que después de la declaración se requiere un trabajo de negociación y construcción del Plan de reparación integral con la UARIV.
Es muy importante que haya un responsable en el Comité Ejecutivo para que este al frente de toda estrategia en el asunto con víctimas, y que en conjunto hagamos este proceso. También es necesario hacer un trabajo político porque no nos asumimos como víctimas y todo lo naturalizamos, es necesario que una consejería de DDHH haga esta capacitación no solo sobre la memoria, sino también sobre como reclamar.

El tema de tierras también es complicado porque la OIA no ha postulado casos para la restitución de tierras, como el que ya se mencionaba de Chontadural. Es necesario indagar en las comunidades en donde ha habido desplazamiento como Dabeiba, Mutatá, Murindó, Urabá, para documentar en dónde ha habido despojo y radicar prontamente las solicitudes de restitución. Se debe incluir en la caracterización para la reparación colectiva los casos de despojo y abandono territorial para ser restituidos.

El resguardo de Severe se dice que es de 10000 has. Pero la verdad es que no se pueden usar más de la mitad del territorio porque está minado o porque está en manos de campesinos colonos. Pero a la gente le da temor reclamar y hay que generar una estrategia para la recuperación de esas tierras. Es también necesario incluir el asunto de los sitios sagrados que se han perdido.

Es necesario conocer los linderos y otros elementos técnicos y jurídicos que acompañen la claridad de las comunidades sobre hasta dónde llega el territorio, muchas veces embera termina trabajando para el capunia por un jornal en un territorio que es propio, eso es una amenaza porque por ahí se ha perdido mucho territorio y con esa conducta estamos más lejos de recuperarlo.

Hace parte del compromiso de la verdad de las FARC entregar información sobre en dónde están esos campos minados, la OIA debe generar una interlocución que contribuya a la prevención de accidentes pero igual al desmonte de esas trampas mortales.

En Caiman Alto se está pensando en una base militar. Allá en esa parte unos tule salieron a cazar y pisaron el artefacto, que no era una mina pero si un artefacto explosivo que estallo, apareció el ejército y dijo que no podían estar allí. Los sailas están en vueltas con esta reclamación.

Acuerdos de la habana y justicia transicional

El Estado cómo debe implementar el capítulo étnico de paz?

La ruta es la mesa permanente de concertación, allí se sientan 5 organizaciones nacionales incluyendo la ONIC, que es la que representa a la OIA y no siempre la invita. En este mismo espacio se puede debatir la implementación de los acuerdos en lo étnico. En Antioquia también hay una mesa de concertación, o se debe hacer por municipios? En qué espacio se deben debatir los acuerdos?

El mejor escenario es el municipal, que se siga dando la discusión en la mesa nacional pero que estas discusiones se bajen a lo regional y local para que se retroalimenten las propuestas y se informe sobre los avances.

De quién debe ser el juzgamiento de los indígenas que se desmovilizan de las FARC?

Hay problemas para tener a los compañeros en la comunidad, no hay condiciones para tenerlos privados de la libertad más 48 horas. La jurisdicción ordinaria no recibe a los homicidas, dicen que ellos tienen que hacer el levantamiento del cuerpo, porque de lo contrario no lo reciben y realizar una captura por la guardia indígena implica pagarles el jornal de trabajo, es muy difícil. Esto no debería ser una responsabilidad del ejecutivo ni de la comunidad.

A eso se suma el tema de la venganza, si no se resuelven los conflictos personales muchos emberas no están dispuestos a asumir penas alternativas que no resuelvan su deseo particular de justicia. Se deben socializar estos acuerdos y en particular el tema de lo étnico con las comunidades de base.

Los de las FARC que han reclutado muchachos también deben asumir su responsabilidad. No hay garantías para que estos muchachos lleguen a la comunidad.
La mayoría en justicia transicional ha estado en procesos en los que ha pagado máximo 8 años, esto puede suceder con las farc y pueden aflorar los conflictos.
Hay personal para cuidar sitios de detención, para eso está la guardia indígena pero no hay recursos económicos suficientes para mantenerla.

En Dabeiba hace 6 años, en cabeza del gobernador mayor, se creyó que desmovilizando a los indígenas podían ganar mucho, pero los indígenas salieron fue perdiendo, en esa desmovilización de 32 indígenas los que verdaderamente eran guerrilleros no se desmovilizaron, esos eran los de los mandados, eran como colaboradores que le iban a mercar, los hicieron pasar por guerrilleros pero ninguno era combatiente. El ejército quedó mal y los emberas también porque el Ejército se llevó la información. El guerrillero embera sigue allá en el monte con la guerrilla. Utilizaron al gobernador y hubo ese problema, la ventaja es que todos están vivos. No hubo problemas de seguridad para la comunidad.

Los que sí están en la guerrilla han dicho que los saquen antes de la firma del acuerdo y que les apliquen el castigo que se les dio a los otros, pero hay muchas dudas porque ellos tienen sus deudas pendientes con la justicia. Además el que tiene más de 20 años allá sabe mandar, manejar arma, manejar plata pero no tiene proceso organizativo y puede ser un riesgo para la organización comunitaria.

Los guerrilleros tienen sus resabios y sus asuntos y las comunidades no están preparadas para recibirlos. La idea es explorar la construcción de una cárcel regional en Antioquia en donde puedan estar los desmovilizados pagando sus penas, y custodiado por la guardia con un buen reglamento. Se debe reforzar mucho la guardia. La idea es también ponerlos a trabajar para empezar a construir confianza con la comunidad. Más teniendo presente que hay unos que se fueron obligados y hay que tender puentes.

Pero lo primero es buscar caso por caso la verdad, esos compañeros también tienen que hablar sobre su participación en hechos victimizantes contra sus comunidades, pero quién va a hacer el trabajo de documentar y confrontar la verdad con esos desmovilizados?

Aunque hay que tener presente que en muchos casos la guerrilla ha dicho es que lo matamos porque un líder de ustedes nos dijo que había que eliminarlo porque estaba haciendo mal. Por eso en ese trabajo tiene que estar el Ejecutivo.

Hay que evitar llegar a la personalización porque eso puede generar más venganza y resentimiento y más si los desmovilizados vuelven a su comunidad, esto debe ser también una tarea de la consejería. Esto con el proceso paramilitar no se hizo, principalmente por miedo, sobre todo en Urabá. Solo sobre casos muy emblemáticos como Kimi Pernia, Mancuso solo dijo que si lo habían matado y que lo habían tirado a la represa. Con los desaparecidos la verdad sirve mucho para tranquilizar a las familias.

Es posible que un desmovilizado sea castigado por la jurisdicción transicional y que él solicite que su restricción de libertad y el trabajo comunitario sea en su comunidad indígena, en ese caso no se puede volver a juzgar pero hay que tener apertura para recibirlos y no meterlos a que solo coman en el calabozo, la idea es que trabaje para el desarrollo de la comunidad como forma de saldar sus culpas.

Hay que pensar bien lo de la cárcel, no se trata simplemente de una cárcel para emberas hay otras acciones que deben hacer transformar y arrepentir a la persona, no se trata solo de un castigo de encierro como venganza. Es bueno no hablar de cárcel, este modelo fracaso para los capunias, hay que constituir unos centros de recuperación o sanación o pensarnos algo mejor, que realmente transforme la mentalidad de las personas, desde lo espiritual y el trabajo comunitario. Hay que pensar muy bien el tema de justicia, en lo que hay que hacer más reflexión.

Se hace un llamado en relación a que las recomendaciones que se han hecho sobre el tema de justicia no se han implementado, en los últimos 3 Congresos se ha entregado un mandato para que el Comité ejecutivo lo implemente, pero no se ha hecho nada al respecto. Otra vez se hacen las mismas recomendaciones y esperamos que ahora si se cumpla el mandato.

Conclusiones

¿Cómo se debe hacer la reconciliación y la reconstrucción del tejido social de las comunidades?

Lo primero es cómo acordar la solución de los conflictos al interior de las comunidades. Construir reglamentos internos en donde participe toda la comunidad, la idea es vincularlos a todos, que todos estén de acuerdo y para que lo puedan apropiar y comprometerse con el cumplimiento de las mismas, este puede ser uno de los mayores aportes a la reconciliación y al fortalecimiento del tejido social, construir entre todos las reglas de juego y comprometernos a cumplirlas.

Desde las familias, hay que capacitarlas sobre estos temas para que en cada casa se formen a los hijos para que sean reproductores de una cultura de convivencia. A su vez fomentar el respeto a la mujer como base de una sana relación entre los sexos que promueva comunidades libres de cualquier tipo de violencia.

Recuperando prácticas tradicionales de armonización espiritual y otras que han ayudado a mantener la convivencia comunitaria y que se han ido perdiendo. Igualmente, continuar con la formación de promotores de género y familia y articular a los que ya pasaron por el diplomado a las actividades zonales.
Estrategias para hacer seguimiento de los casos a las situaciones de DDHH desde la consejería:

  • Hay que investigar y documentar la memoria de las violaciones de derechos humanos colectivos e individuales.
  • Generando divulgación permanente de los casos de violaciones de DDHH que se vayan presentando en tiempo real.
  • Casos en los que ya ha habido denuncias ante las instancias oficiales hay que hacer seguimiento sobre cómo han actuado las diferentes instancias del Estado.
  • Alianzas con entidades de control del Estado y ONG para hacer seguimiento a los casos denunciados y que no les han prestado atención.

Qué alternativas frente al tema de protección de personas y comunidades en riesgo podemos sugerir?
  • Se debe construir una propuesta de medidas de protección para cada pueblo que considere las diferencias territoriales, la capacidad y formación de la guardia y las prácticas de protección espiritual.
  • Revisar el tipo de medidas de protección que han recibido las personas amenazadas y presentar recomendaciones para corregirlas.
  • Recuperar el trabajo de la comisión de paz y el trabajo de interlocución que tenía la OIA, la estrategia de interlocución es importante para la protección y el mantenimiento de las comunidades en el territorio frente a cualquier amenaza de actores armados.
  • El Gobierno no ha mostrado voluntad de cumplimiento con la implementación de los planes de salvaguarda, es importante que dentro de la agenda de la minga se incorpore esta reivindicación, porque ya después de 7 años hay una clara falta de voluntad del Gobierno con lo dispuesto por la Corte para las comunidades, teniendo en cuenta que la implementación era de 6 meses.
  • Es necesario indagar con las comunidades que han sufrido desplazamiento para documentar en dónde ha habido despojo y radicar prontamente las solicitudes de restitución. Se debe incluir en la caracterización para la reparación colectiva los casos de despojo y abandono territorial para ser restituidos.
  • El mejor escenario para discutir la implementación de los acuerdos es el municipal, que se siga dando la discusión en la Mesa Permanente de Concertación Nacional (e internacional) pero que estas discusiones se bajen a lo regional y local para que se retroalimenten las propuestas y se informe sobre los avances. Se deben socializar estos acuerdos y en particular el tema de lo étnico con las comunidades de base.

onic 41

mpc

mpc

logo

Organización Indígena de Antioquia

 

   Cra. 49 #63-57, Medellín, Antioquia

   +57 (4) 520 7404

   [email protected]

Menú Principal

Déjenos un Mensaje

A través de éste formulario nos puede dejar un mensaje. Todos los campos son requeridos (*)
Por favor escriba su nombre completo.

Dirección de correo electrónico no valida.

Debe escribir el contenido de su mensaje

Entrada no válida